El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, intentó interceptar el teléfono del presidente Gabriel Boric en un caso relacionado con millonarios traspasos de instituciones públicas a Procultura. Cooper basó sus sospechas en una conversación entre una directora de la fundación y una mujer llamada Lucía, quien aseguró que Alberto Larraín había desembolsado dinero para la campaña presidencial de Boric.
Cooper también mencionó el vínculo de amistad entre Larraín y Boric, así como su expareja, Irina Karamanos, quien trabajó en la fundación. Además, Cooper intentó ungir a Izkia Siches como ministro de Desarrollo Social, pero esta posibilidad fue bloqueada.
El juzgado rechazó dos veces las solicitudes de Cooper. En la primera, consideraron que los argumentos eran insuficientes, y en la segunda, confirmaron el rechazo al no encontrar evidencia financiera que respaldara sus teorías.
Diferentes casos involucran a Sebastián Balbontín (pareja de Larraín) y Elizabeth Aguilera, donde la Fiscalía cuenta con registros de aportes y triangulaciones de dinero. En el caso de Josefina Huneeus, ex pareja de Larraín, Cooper interceptó sus llamadas telefónicas, lo que generó un recurso de amparo por parte de su abogado.
Esta acción judicial fue acusada como espionaje ilegal y la defensa de Huneeus busca invalidar las resoluciones del Juzgado de Garantía local.
