El abogado Guillermo Chahuán, representante de Miguel Crispi, confirmó que su cliente fue interceptado telefónicamente en Antofagasta bajo autorización judicial. Las grabaciones incluyeron una conversación entre Crispi y su madre, Claudia Serrano (PS), el 7 de enero de 2025, sobre la fallida adquisición de la residencia del expresidente Salvador Allende. Este incidente llevó a la indagatoria contra Isabel Allende.
Chahuán explicó que el diálogo fue “informal y coloquial”, sin acusaciones formales en su contra. El abogado resaltó que Crispi no advirtió irregularidades al monitorear el avance del proceso familiar. La Fiscalía Regional de Coquimbo inició una nueva investigación por tráfico de influencias, basada en las grabaciones.
Según el informe policial N°14 de la PDI, Crispi mencionó gestiones para acelerar la transacción entre Isabel Allende y su abogado. El audio se consideró “hallazgo casual relevante” y fue remitido al fiscal Eduardo Yáñez.
El documento del informe N°14 de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) detalla que las grabaciones implican posibles delitos, específicamente tráfico de influencias. Crispi declaró minimizando los hechos, argumentando que fueron expresiones en un contexto político.
El fiscal Eduardo Yáñez decidió iniciar una investigación separada el 8 de enero de 2025, citando gestiones para comprar la casa del expresidente Salvador Allende. Raimundo Palamara, abogado de Fundación Fuerza Ciudadana, presentó una querella por “fraude al Fisco” esa misma mañana.
El fiscal nacional Ángel Valencia designó a Cooper para liderar la indagatoria, basado en su conocimiento previo del caso.
