En los últimos años, el término “permisología” ha ganado relevancia en el debate político, público y privado debido a la supuesta complejidad burocrática en la obtención de permisos para proyectos de inversión.
Este fenómeno, según expertos, puede ser un obstáculo para el desarrollo económico o el crecimiento del país.
Para simplificar estos procesos, se tramita actualmente en el Congreso nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Inteligente de Permisos, también conocido como proyecto de permisos sectoriales.
Este sistema busca disminuir entre un 30% y un 70% el tiempo de tramitación para permisos que no forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental.
En nuestro país, la permisología se refiere a la cantidad excesiva de trámites y autorizaciones requeridas para proyectos de inversión.
Esto ralentiza los tiempos de aprobación, genera incertidumbre y aumenta los costos para inversionistas.
Según la Biblioteca del Congreso Nacional, estos problemas han paralizado o afectado en sus plazos algunas inversiones importantes. Por ejemplo, el caso de las paralizaciones de inversiones por la presentación de declaratorias ambientales en proyectos en humedales urbanos; o edificios en Estación Central, en la región Metropolitana, y grandes obras detenidas debido a hallazgos arqueológicos, como la construcción de la Línea 7 del Metro y el Hospital de El Salvador.
Además, un estudio realizado en 2023 mostró que el promedio de tiempo para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue de 985 días corridos. La investigadora Carmen Cifuentes de Clapes UC sostiene que esta permisología actúa como una traba para el crecimiento económico.
Un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) reveló que la obtención de permisos sectoriales prioritarios puede tardar más de una década en Chile, con algunos casos extendiéndose hasta 11 años debido a la falta de coordinación entre organismos estatales.
La creciente cantidad de regulaciones ha hecho cada vez más difícil el desarrollo de proyectos, según Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes. “Las normativas han cambiado constantemente en la última década, generando incertidumbre y costos desconocidos para inversionistas”, agrega.
Constanza Hube, abogada y ex Convencional constituyente, destaca que quien quiera impulsar un proyecto de inversión en Chile debe enfrentarse a “23 ministerios sectoriales, casi 40 subsecretarías, sumado a cientos de servicios públicos, municipalidades y autoridades regionales”.
