En cinco días, Carabineros pondrá en marcha un plan piloto para emplear pistolas Taser en casos únicos de violencia intrafamiliar en la región Metropolitana.
Esta medida surge en medio de debates parlamentarios sobre la extensión del uso de estas armas no letales a funcionarios municipales y vigilantes privados.
La reciente Ley de Seguridad Privada, promulgada en 2024, ya permite que los guardias privados utilicen dispositivos eléctricos de control, aunque su aplicación ha estado pendiente hasta la aprobación del reglamento por parte de la Contraloría, ingresado en junio.
Cristián Araya, diputado del Partido Republicano, ha exigido que se agilice este proceso y enfatizó la necesidad de permitir el uso de estas armas para guardias municipales. Sin embargo, Andrés Jouannet, legislador y presidente de Amarillos por Chile, respalda la medida para Carabineros pero niega su extensión a funcionarios municipales.
Jaime Araya, parlamentario independiente de la bancada del PPD, plantea que el enfoque central debe ser la cooperación entre municipios y Carabineros, descartando ampliar el uso de estas armas.
El artículo 27 de la Ley de Seguridad Privada establece que el empleo de estos dispositivos requiere autorización por la Subsecretaría de Prevención del Delito y un sistema de registro audiovisual. Mientras tanto, el debate sobre la posible ampliación de su uso continúa.
