La Contraloría General de la República inició una fiscalización a las licencias médicas de funcionarios del Estado para verificar su correcta utilización y evitar abusos.
Las instituciones públicas deben proporcionar información sobre los permisos emitidos entre 2022 y 2024.
Esta medida busca parar los supuestos abusos, según la exsuperintendenta de Seguridad Social María Soledad Ramírez, y es valorada positivamente por el senador Gustavo Sanhueza, quien considera que ayuda a prevenir la malversación de fondos públicos.
Según datos del gobierno, los funcionarios públicos promedian 3,1 licencias médicas al año, lo que equivale a casi 32 días de trabajo perdidos.
