El ajuste presupuestario ha sido implementado por el gobierno para el Ministerio Público, que reduce su presupuesto en $7 mil millones.
Este recorte fue anunciado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien afirmó que se trata de una medida necesaria para cumplir con un mandato legal.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha expresado su preocupación por el impacto negativo de este recorte en la capacidad del Ministerio Público para proteger a víctimas y testigos, realizar peritajes privados y comprar software para análisis informático.
La Corte Suprema también se ha sumado a los cuestionamientos, advirtiendo que la decisión tendrá un fuerte impacto en el funcionamiento de los tribunales de justicia y puede generar problemas serios en la administración de la justicia.
El ministro de Hacienda respondió a las críticas argumentando que el ajuste presupuestario es necesario para cumplir con la ley y que se han hecho excepciones para algunas instituciones. Afirmó que el gobierno prioriza la lucha contra la delincuencia y ha asignado aumentos importantes de recursos para este propósito.
El ministro de Hacienda argumenta que la medida es necesaria para cumplir con la ley y priorizar la lucha contra la delincuencia.
