El gobierno de Chile, liderado por Gabriel Boric, está intentando aprobar la reforma de pensiones, uno de sus proyectos clave.
La iniciativa ha pasado por varios cambios y ahora se discute sobre el destino del 6% de la cotización adicional y la solidaridad en la industria previsional. Sin embargo, enfrenta obstáculos debido a críticas de la oposición y partidos como el Comunista y Socialista.
Estos últimos han expresado preocupación por lo que consideran una “estafa” de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y han sugerido retirar el proyecto si no se abordan sus inquietudes. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, ha defendido la posición del partido, argumentando que no son ellos quienes tienen a los jubilados como “rehenes”.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, está trabajando arduamente para sacar adelante la reforma, mientras que el diputado Raúl Soto ha llamado a los partidos Socialista y Comunista a no ser “sepultureros” de la reforma. Por su parte, desde la oposición se critica al gobierno por no lograr un acuerdo con la izquierda más radicalizada.
La situación es complicada y el plazo para aprobar la reforma en enero está siendo visto como un desafío.
La falta de acuerdo podría tener consecuencias negativas para el sistema de pensiones y las pensiones de los chilenos y chilenas.